¿Cuántos casos de corrupción de sus propios funcionarios sometieron Leonel Fernández y Danilo Medina?

1. ¿Cuántos casos de corrupción de sus propios funcionarios sometieron Leonel Fernández y Danilo Medina?

​Durante sus mandatos, ni Leonel Fernández ni Danilo Medina sometieron directamente a la justicia penal a ningún alto funcionario o colaborador cercano de sus propios gobiernos por delitos de corrupción.

• ​Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2012): Aunque durante sus períodos se produjeron denuncias públicas y querellas de la oposición o la sociedad civil, las destituciones o renuncias de funcionarios no derivaron en sometimientos penales impulsados por el Poder Ejecutivo ni por el Ministerio Público de la época. Un caso notable en sus períodos de gobierno fue la investigación sobre la privatización y venta de empresas estatales (CORDE), pero no se iniciaron acciones penales contra altos cargos de su administración promovidas por la Presidencia.
• ​Danilo Medina (2012-2020): La postura oficial expresada en varias ocasiones ante escándalos de corrupción fue que la fiscalía investigara según los procedimientos legales, pero no hubo ningún sometimiento incoado por el propio mandatario ni por su gabinete. Casos mediáticos como los de la OISOE, el INABIE o la querella por los Tucanos no se tradujeron en acciones penales iniciadas desde el Poder Ejecutivo contra sus ministros o directores en funciones.
• ​Contexto posterior: Las grandes acusaciones y procesos judiciales vigentes contra altos exfuncionarios de la administración de Danilo Medina (casos Antipulpo, Coral, Medusa, Calamar) y de administraciones pasadas del PLD han sido iniciados por el Ministerio Público a partir de agosto de 2020.

​2. Papel de Compras y Contrataciones en los gobiernos del PLD respecto a la compra de los Tucanos

​La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), creada bajo la Ley 340-06 aprobada en 2006, tuvo un papel limitado o nulo en el control o fiscalización del contrato para la compra de los aviones Super Tucano.

• ​Aprobación mediante préstamo y ley especial: La compra de los 8 aviones Embraer EMB 314 Super Tucano (por US$ 93.7 millones) se estructuró en 2008 como una contratación estatal especial de seguridad nacional y defensa. El acuerdo fue remitido directamente al Congreso Nacional como un contrato de préstamo y compra internacional firmado por el Ministerio de Hacienda y las Fuerzas Armadas.
• ​Exención de licitación estándar: Al tratarse de compras de defensa y seguridad con proveedores extranjeros bajo esquemas estatales directos, el proceso no se canalizó a través de las licitaciones públicas ordinarias monitoreadas por la DGCP.
• ​Investigación por sobornos: El escándalo internacional derivado de las declaraciones de Embraer ante la justicia de EE. UU. e Brasil reveló el pago de US$ 3.5 millones en sobornos a legisladores y militares dominicanos para asegurar la aprobación del contrato en el Congreso, proceso en el cual la DGCP no actuó como órgano fiscalizador.

​3. ¿Es cierto que Diandino Peña hizo un edificio con los materiales de construcción del Metro?

​No existen evidencias judiciales ni informes oficiales que hayan verificado penalmente esa afirmación, aunque sí ha sido parte de denuncias periodísticas y auditorías que señalan severas irregularidades en el manejo del presupuesto y los materiales de la OPRET.

• ​Origen de la acusación: Tras el reportaje de investigación de la periodista Alicia Ortega en 2017 y posteriores informes de la Cámara de Cuentas, surgieron alegatos sobre el uso implícito de estructuras, contratistas e insumos vinculados al proyecto del Metro de Santo Domingo en empresas y edificaciones privadas pertenecientes o vinculadas al grupo empresarial de Diandino Peña.
• ​Hallazgos de la Cámara de Cuentas (2023): Una auditoría oficial sobre la gestión de Peña al frente de la OPRET detectó irregularidades que superan los RD$ 30,000 millones (incluyendo contrataciones sin licitación, incongruencias en inventarios de almacén, expropiaciones sobrevaluadas y conflictos de interés). No obstante, el informe formalizó faltas administrativas y contables graves en el uso de los fondos públicos, sin emitir una sentencia judicial definitiva sobre el desvío directo de materiales específicos para la construcción de una edificación particular.