Leonte Torres grita al cielo los casos de corrupcion de APTPRA

SICHOPROLA solicita investigación sobre decisiones judiciales y denuncia presuntas irregularidades en conflictos del transporte

Higüey, La Altagracia.— El Sindicato de Choferes Propietarios de Autobuses de la Provincia La Altagracia (SICHOPROLA) solicitó este miércoles a la Procuraduría General de la República recibir a sus representantes para exponer una serie de denuncias relacionadas con conflictos en el sector transporte y diversos procesos judiciales.

En un documento fechado el 30 de septiembre de 2026, la organización afirma que ha depositado informes ante la Procuraduría en fechas 29 de noviembre de 2021, 27 de junio de 2022 y 6 de marzo de 2025, mediante los cuales, según sostiene, alertó sobre lo que considera una estructura delictiva que opera en la región Este.

SICHOPROLA señala al exdiputado y actual asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo, Guido Cabrera Martínez, y menciona además a otras personas vinculadas al conflicto. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia del sindicato y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre responsabilidad penal.

Cuestionan decisiones de tribunales

La organización también cuestionó varias decisiones judiciales relacionadas con la representación legal y sindical de SICHOPROLA.

Entre los casos citados figura la sentencia núm. 1862-2024-00067, atribuida al Tribunal de Tierras de Higüey y a la magistrada Yuri Isabel Espino Geneux. Según el sindicato, dicha decisión reconoce a Leonte Torres Jiménez como secretario general de SICHOPROLA y establece que Julián Fernández había sido expulsado de la organización en 2011.

El sindicato sostiene que posteriormente se produjo una decisión que, a su entender, resulta contradictoria con aquella sentencia. Hace referencia a la sentencia núm. 1862-2025-00338, señalando que en ella se reconoce como secretario a una persona distinta.

SICHOPROLA pide que las circunstancias que rodean esas decisiones sean investigadas y aclaradas por las autoridades competentes.

También cuestionan fallo del Tribunal Superior de Tierras

El documento hace referencia además a la sentencia núm. 1278-2026-SENT-00087, emitida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, integrado —según el comunicado— por los magistrados Lorenzo Salvador Zorrilla, presidente; Fernando Enrique Javier Evertz y José Manuel Méndez Cabrera.

El sindicato cuestiona que el tribunal declarara de oficio la nulidad de un recurso por supuesta falta de poder de representación.

 SICHOPROLA sostiene que en el expediente existen documentos y decisiones que, según su interpretación, acreditan la representación de Leonte Torres Jiménez como secretario general.

Piden revisar procesos penales

La organización también solicitó que sean examinadas actuaciones dentro de procesos penales en los que menciona a la jueza Karina Colomé Abreu.

De acuerdo con el documento, SICHOPROLA cuestiona decisiones relacionadas con la continuidad de determinados procesos y cita la resolución penal núm. 1482-2025-SACO-00973, mediante la cual, según el sindicato, se declaró la prescripción de la acción penal.

Asimismo, menciona la sentencia núm. 334-2025-SSEN-00507, emitida por los magistrados Virginia E. González Brea, Kenia del Pilar Tavárez Henríquez y Ramón Martínez, señalando que dicha decisión modificó una resolución anterior e impuso presentación periódica a los imputados.

Posteriormente, según el comunicado, una decisión de apelación habría confirmado la resolución cuestionada.

Solicitan una investigación oficial

SICHOPROLA utiliza en su documento términos severos para referirse a las actuaciones que cuestiona y plantea como hipótesis que algunos funcionarios judiciales pudieron haber sido objeto de amenazas, sobornos o haber actuado en complicidad con personas involucradas en el conflicto.

Estas son acusaciones formuladas por el sindicato en su comunicado y deberán ser determinadas o descartadas mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.

La organización insiste en que la situación debe ser esclarecida por las autoridades y destaca la importancia económica y turística de la zona de Bávaro, Verón y Punta Cana.

Finalmente, SICHOPROLA reiteró su llamado a la Procuraduría General de la República para que reciba a sus representantes y examine la documentación que, según afirma, ha depositado durante los últimos años.