SANTO DOMINGO. — Para comprender la crisis de inseguridad, la debilidad institucional y la permisividad social que afectan hoy a la República Dominicana, es imprescindible examinar el modelo de gobernanza establecido durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), transcurridas entre 1996 y 2020 (con el paréntesis de 2004 a 2020 de forma ininterrumpida). Durante este ciclo político, la corrupción dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una política implícita de tolerancia social y control político.
El origen: El «Programa de Empleo Mínimo» y la paz comprada
El fenómeno no surgió por generación espontánea. En 1996, la primera administración de Leonel Fernández introdujo el denominado Programa de Empleo Mínimo (PEME). Lo que se presentó como una iniciativa de asistencia social en barrios y pueblos terminó operando mediante nóminas informales registradas en cuadernos, distribuyendo sumas que iniciaron en 300 pesos mensuales.
El objetivo de fondo quedó sintetizado en la célebre frase atribuida al propio mandatario: "pagar para no matar". Se trataba de un mecanismo para neutralizar la protesta social y contener la delincuencia barrial mediante la erogación de fondos públicos sin fiscalización. Con el paso de los años y la sucesión de mandatos, esta práctica evolucionó en complejidad y escala, derivando en nominillas paralelas, botellas institucionales e intervenciones que posteriormente llegaron a estrados judiciales.
El pacto de no agresión y la permeación institucional
Esta lógica dio paso a un pacto social no escrito basado en la premisa de "buscarse lo tuyo". Bajo este esquema, la tolerancia con la corrupción administrativa funcionó como un espejo para el resto de la estructura estatal:
- Seguridad y cuarteles: En la Policía Nacional y los estamentos de seguridad, el mandato implícito de "buscarse lo suyo" legitimó el peaje, el contubernio con el crimen organizado y la extorsión. Desde los destacamentos hasta los altos mandos, el control territorial se supeditó al beneficio económico.
- Propiedad privada e invasiones: La tolerancia alcanzó también la ocupación ilegal de terrenos estatales y privados. Las invasiones de tierras operaron con la anuencia de sectores políticos que utilizaban el acceso a la propiedad como moneda de cambio electoral o negocio inmobiliario informal.
- El sistema de justicia: La permeabilidad alcanzó a tribunales y fiscalías. La impunidad se convirtió en un bien transable, permitiendo la puesta en libertad recurrente de individuos con múltiples antecedentes penales.
Las secuelas: El "aliciente" para la juventud
El impacto más profundo de este modelo no fue solo fiscal, sino cultural y educativo para las nuevas generaciones. Los jóvenes que crecieron en este entorno observaron de manera sistemática que el dinero —independientemente de su origen— garantizaba impunidad, estatus y salida de los procesos judiciales.
Este estímulo desarticuló el valor del trabajo y el estudio como vías de movilidad social, consolidando lo que diversos analistas denominan la "Generación del PLD": un entramado social donde el cumplimiento de la ley pasó a ser opcional y donde la estructura del Estado quedó condicionada por la lógica del intercambio informal. La avalancha de distorsiones institucionales y de seguridad que enfrenta el país actualmente no es un fenómeno reciente, sino el resultado directo de dos décadas de tolerancia sistémica.
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PERIODISMO DOMINICANO
Idel Moro es Lic. Ramon Nuñez Moreta - Periodista. egresado UASD.